jueves, 1 de julio de 2010

La justicia y los bueyes de mi compadre

La Suprema Corte ordenó la liberación de doce de los activistas que provocaron un enfrentamiento violentísimo con las policías en San Salvador Atenco, en el oriente del Estado de México. Y nuestra izquierda buena onda lo aplaude como un acto de justicia.

Antes, ordenó la liberación de tres mujeres (¡indígenas!, por Dios, qué suerte que además de mujeres sean indígenas, doblemente vulnerables, renta política doble) que en Querétaro alentaron y dirigieron la retención con amenazas de violencia de varios agentes federales: un secuestro. Y nuestra izquierda buena onda lo aplaudió como un acto de justicia.

Antes, definió culpas pero -en buena hora, pues no está para eso, y todos lo sabían desde siempre- se resistió a señalar culpables por el incendio aparentemente accidental de una guardería donde murieron 49 niños. Y la izquierda buena onda lo abucheó como un acto de no justicia.

El primer aniversario de la muerte de los niños casi coincidió con el segundo aniversario del operativo de la policía de la ciudad de México -que gobierna la izquierda institucional- en una discoteca donde murieron aplastados varios adolescentes, a los que hubieran extorsionado. Y la izquierda buena onda... volteó para otro lado.

Antes, la Suprema Corte se negó a amparar a un grupo de golpeadores apoderados de la mina de Cananea durante más de dos años para defender a su líder Napoleón Gómez Urrutia, prófugo en Canadá porque robó 55 millones de dólares a su sindicato. Y la izquierda buena onda convierte a un criminal corrupto en precursor de una nueva revolución.

Y falta la decisión sobre la extinción de Luz y Fuerza, seguramente contraria a la que esperan el SME y sus "tontos útiles" de la izquierda buena onda. "Compañeros de ruta", les decíamos... desde la izquierda. (Agrego el lunes 5 de julio: sí, por unanimidad, el pleno de ministros de la Suprema Corte desechó el recurso del SME y confirmó la constitucionalidad del decreto del presidente Felipe Calderón que el 10 de octubre de 2009 ordenó la extinción de ése pozo sin fondo).

El lunes 26 de julio, Carlos Marín en Milenio lo documenta: ¡es el dinero, estúpidos!, cientos de millones de pesos de los que no pueden disponer los restos del SME y su dirigente Martín Esparza porque no logran el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo, ¡4 millones de pesos semanales sólo por cuotas sindicales de jubilados! Bien valen una falsa huelga de hambre.

¿Qué pasa? ¿Cuándo se jodió la izquierda?

Una minoría radicalizada, aparentemente ligada a los restos del EZLN (y quizá a alguna de las patéticas guerrillas que sobreviven aquí y allá), lleva su oposición a la construcción de un aeropuerto internacional en Atenco hasta la provocación de un violentísimo enfrentamiento con la policía estatal del Estado de México y la policía federal. Retienen a funcionarios estatales que intentan una solución negociada, los atan y los rocían con gasolina (¡los secuestran!) Una respuesta desproporcionada de las policías, que lógicamente implica maltrato y excesos, provoca un procedimiento judicial típicamente descuidado, que usa la Suprema Corte como excusa para ordenar la liberación de doce (sí) criminales.

Para ubicarse en el caso de Atenco -y sus consecuencias- me ayuda, otra vez, Luis González de Alba desde su columna del lunes 5 de julio en Milenio: "Pero (la Suprema Corte) añade un elemento grave: como se dieron esos delitos en el contexto de una 'protesta social', deben disculparse (yo subrayo). La Corte hace jurisprudencia. Y también deberá mandarse hacer togas nuevas impregnadas de retardante de fuego… para cuando una protesta social los alcance".

El riesgo es mayor, según refuerza Jorge Fernández Menéndez en su columna del jueves 8 de julio en Excélsior: "En la frenada Ley de Seguridad Nacional, el Senado aprobó que en caso de levantamientos sociales el Ejército no podría intervenir para sofocarlos. Por supuesto, ni la Corte ni los senadores que aprobaron esa ley se molestaron en explicarnos qué entienden por demandas sociales en beneficio de la comunidad o levantamientos sociales. Llevados a los hechos, de la misma forma en que los dirigentes de Atenco fueron dejados en libertad, a pesar de que todos vimos por televisión y algunos en vivo y en directo cómo estaban cometiendo delitos muy graves (yo subrayo), el día de mañana, si esa ley no es reformada en la Cámara de Diputados, se podrá argumentar que no se puede enfrentar un levantamiento armado que, en última instancia, siempre tendrá justificaciones sociales (...) Es un llamado a delinquir con impunidad si se hace bajo un cobijo real o supuestamente político".

En el caso del incendio en la guardería, el problema no es entre la ley y la justicia. Para las buenas conciencias, el problema es entre la justicia y la venganza. Se busca histéricamente la venganza. El reflejo es buscar culpables para castigar. Se buscan culpables para ocultar la propia culpa.

¿Por qué culpar al gobernador del estado, al presidente municipal, al director del Seguro Social...?, ¿y por qué no al presidente de la república, al Papa y al secretario general de las Naciones Unidas? ¿Pero es que los padres de los niños no se dieron cuenta nunca de las condiciones del lugar donde dejaban a sus hijos? Pues no, seguramente se desentendieron nomás, como es lo habitual. ¿Los padres de los niños no son culpables también, los padres de los niños no son los principales responsables?

Y finalmente el aplauso bobo a la histriónica madre que gana sus 15 minutos de fama pública increpando al padre todopoderoso que ya no es el presidente de la república. ¡Qué valiente!, ¡cuánta audacia! Acepta las indemnizaciones y la atención médica en el extranjero, los seguros y las becas vitalicias... pero no le basta, necesita saber que alguien, cualquiera y mientras más poderoso mejor, es castigado con la cárcel, aunque por supuesto el castigo no devuelva la vida o la salud a los niños. ¡Qué arrogante!, ¡cuánta irresponsabilidad!

¿Se repetirá la tragedia? ¿Cuándo, dónde? ¿Quiénes serán las próximas víctimas? No prevenimos la tragedia. Nos preparamos para la siguiente cacería de culpables.

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